En muchas ocasiones hemos escuchado hablar sobre el derecho penal, una de las ramas del ejercicio de la abogacía irónicamente más demandadas en la actualidad. Debido a esta realidad es justo una de las especialidades de nuestro consultorio López Graña Abogados.
A partir de estos momentos haremos hincapié en cuál es la función del derecho penal, en qué consiste y quiénes son los encargados de exigir dichos derechos. Nuestra intención recae en que usted sea capaz de reconocer y diferenciar los distintos tipos de casos que se podrían llegar a presentar, además de identificar el tipo de ayuda a requerir.
En un primer momento resulta fundamental conocer a qué se refiere el término de derecho penal. Éste cumple la función de regular y establecer el castigo de los crímenes o delitos mediante ciertas indicaciones, guías y normas preestablecidas en las diversas leyes y códigos penales de cada país. De forma más amplia se podría decir que el derecho penal es el conjunto de normas que regulan la actividad punitiva del Estado. Para lograrlo es necesaria la asociación de hechos que deberán estar determinados de forma estricta por la ley, en donde se determinará una pena como consecuencia. La intención del Estado siempre será salvaguardar y proteger los bienes vitales fundamentales de la sociedad.
En este aspecto existe una controversia importante que debe ser aclarada para una mejor comprensión de los casos particulares. De forma explícita en el artículo 1 del Código Civil de nuestro país se expresa cuáles son las fuentes del ordenamiento jurídico, que son textualmente la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. La ley es la fuente directa, mientras que las otras son subsidiarias o indirectas.
Aunque la fuente directa sea aplicada y resulte casi exclusiva del Derecho penal, no significa que el resto de fuentes indirectas no tengan alguna intervención, aun cuando dicha rama del derecho sea mínima. Es importante destacar que ninguna persona puede ser castigada por un hecho si no existe con anterioridad a la perpetración del mismo una norma que castigue dicha conducta, pues de lo contrario se crearía inseguridad entre los ciudadanos.
Éstas se producen como consecuencia de una citación o de detención anterior, en donde también tiene cabida el allanamiento judicial. En este caso el abogado penalista tiene la función de asesorar al cliente en su declaración ante el juez tras dicha denuncia.
Cualquier persona que resulte afectada por un delito tiene derecho a interponer una denuncia ante las autoridades. Además, tiene el poder y la facultad de ejercer la acusación particular en el proceso que se derive del delito, por lo que el abogado penalista deberá tener una postura acorde para hacer valer los derechos de su cliente.